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Cerro de la Calavera

Montañas del estado de MéxicoSierra de Guadalupe (México)

El Cerro de la calavera es un viejo cerro, muy diminuto y olvidado, que se localiza en Tlalnepantla, casi colindando con Ecatepec de Morelos, abajo de las faldas del Cerro Petlecatl. Su uso es urbano; está completamente rodeado de casas excepto una parte que hace honor a su nombre. En esa parte del cerro sería imposible de habitar por la forma ya gastada y deformada. En esa parte del cerro se ve la forma de un cráneo humano, una calavera pintada tiempo después de blanco que se ve llegando por la autopista México-Pachuca. A pesar de que las edificaciones son ya viejas, es una zona muy limpia y agradable.

Extracto del artículo de Wikipedia Cerro de la Calavera (Licencia: CC BY-SA 3.0, Autores).

Cerro de la Calavera
Calle Adolfo de la Huerta,

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N 19.517611111111 ° E -99.090888888889 °
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Calle Adolfo de la Huerta
55349 , Colinas de San José
Estado de México, México
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Lugares cercanos

Explosiones de San Juan Ixhuatepec de 1984

Las explosiones de San Juan Ixhuatepec de 1984, también conocidas como explosiones de San Juanico, fueron una cadena de explosiones del tipo BLEVE (acrónimo en inglés para «explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido»), ocurridas en una planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como en sus alrededores. Las explosiones más fuertes comenzaron a las 5:45 a. m., tiempo del Centro (11:45 UTC) del 19 de noviembre de 1984 y terminaron a las 7:01:27 (13:01 UTC); explosiones menores se registraron hasta el siguiente día, 20 de noviembre, por la mañana.[1]​[2]​[3]​ El accidente provocó la muerte de 500 o más personas y un aproximado de 2000 heridos, así como la evacuación de más de 10 000 personas y daños en un área de hasta un kilómetro de la planta siniestrada, debido a la violenta de dispersión de restos de la misma. Las víctimas resultantes fueron carbonizadas, asfixiadas por el gas propano y a consecuencia de serias quemaduras. Las explosiones fueron calificadas en su tiempo como de la más mortíferas registradas en la historia provocada por gas licuado de petróleo,[4]​ y uno de los peores accidentes industriales. Según investigaciones posteriores de la Fiscalía mexicana, las explosiones fueron responsabilidad de PEMEX.[5]​

Tragedia de la discoteca New's Divine
Tragedia de la discoteca New's Divine

La tragedia de la discoteca New's Divine fue un suceso ocurrido en un bar-discoteca ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, donde la tarde del 20 de junio de 2008, se produjo una estampida humana en la que 12 jóvenes fallecieron y 16 resultaron con heridas de gravedad. Los hechos ocurrieron tras un operativo policial del Gobierno de la Ciudad de México (entonces llamado Gobierno del Distrito Federal, GDF), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), entonces bajo la titularidad de Joel Ortega Cuevas y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encabezada en el momento por Rodolfo Félix Cárdenas; entidades que a su vez conformaban el Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal o Unipol que nació en mayo del 2008 a través del decreto promulgado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, (capital de México) Marcelo Ebrard Casaubón;[1]​ además de la delegación Gustavo A. Madero[2]​[3]​ encabezada en ese momento por Francisco Chíguil Figueroa.[4]​ La versión oficial del caso defendida por el Gobierno del Distrito Federal fue que la tragedia ocurrió por una estampida humana ocurrida en la salida del lugar, un pasillo estrecho, y una puerta que fue obstaculizada;[4]​[5]​ en tanto los padres de las víctimas y testigos del operativo denunciaron brutalidad policial, que la puerta fue obstruida por los propios agentes en combinación con el uso de gas lacrimógeno[4]​ y que algunos elementos policiacos y cuerpos de emergencia actuaron negligentemente al negar la atención a los heridos y detenerlos aun teniendo lesiones graves.[4]​ La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó que elementos policiacos de la SSP-DF cometieron detenciones arbitrarias,[4]​ abusos sexuales,[4]​ vejaciones[4]​ y brutalidad policiaca,[4]​ así como irregularidades en los procesos de dictaminación forense y entrega de los cuerpos de los fallecidos, dilación de procesos judiciales y obstaculización de la labor de medios de comunicación —publicando incluso un video editado sobre los hechos— y de defensores y/o observadores de derechos humanos.[4]​ Los días siguientes al suceso, el GDF propagó una serie de datos de las víctimas del New´s Divine a algunos medios de comunicación locales y nacionales y a través de ellos y con ellos se criminalizó a los jóvenes presentes durante la tragedia y a sus padres en sus reportes sobre el caso, comunicando en algunas notas que quienes asistían esa tarde a la discoteca eran delincuentes, alcohólicos o drogadictos.[6]​ Sólo dos de las personas que fueron detenidas tenían niveles mínimos de alcohol en la sangre.[5]​ La CDHDF encabezada entonces por Emilio Álvarez Icaza determinó que la acción policial fue concertada previamente,[3]​ que desde el diseño del operativo se perseguían objetivos diferentes a los que se anunciaron después como origen del mismo, que se pretextó una verificación de tipo administrativa para que la policía entrara sin una orden de cateo, que la causa de retener a los presentes mediante bloqueos era para presentar a los jóvenes como "pruebas" ante el Ministerio Público del DF para acreditar el delito de corrupción de menores por los dueños del lugar, (venta ilegal a menores de 18 años de bebidas alcohólicas y drogas en el bar New´s Divine) y que el operativo no se realizó bajo los cuidados para la protección de los menores de edad, se implementó un indebido uso de la fuerza pública y que este no había sido planeado debidamente, por lo que "la acción de la policía durante la ejecución del operativo creó las condiciones para generar una trampa mortal".[3]​ Debido a ello se suscitó la tragedia, la cual fue evitable,[3]​ tuvo una reacción negligente por parte de los servidores públicos, priorizó la atención de emergencia a ellos y "no obstante que ya se conocían los resultados fatales del operativo, la misión siguió adelante y continuaron las violaciones a los derechos humanos de los jóvenes retenidos".[3]​ Tras varios años de la tragedia el único condenado penalmente por corrupción de menores ha sido el operador del lugar, Alfredo Maya Ortiz.[6]​