La proclamación de la República Catalana,[1] también denominada República de Cataluña[2] o República Independiente de Cataluña,[3][4] hace referencia a la declaración unilateral de independencia proclamada por los partidos nacionalistas catalanes con respecto al resto de España, aprobada por mayoría del Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017, suspendida de manera inmediata por el propio presidente de la Generalidad de Cataluña y posteriormente por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre y anulada el 8 de noviembre del mismo año.[5]
La proclamación fue aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña con la finalidad de llevar a efecto los resultados del referéndum por la independencia celebrado el 1 de octubre y establecer un Estado propio.[6] Dicho referéndum por la independencia, en el que según autoridades secesionistas triunfó la opción independentista, no cumplió ninguna garantía mínima ni los estándares legales aceptados internacionalmente,[7][8][9] y fue ilegal e inefectivo según el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.[10][11] Si bien la declaración de independencia fue votada y aprobada en el Parlamento catalán, hay dudas sobre la validez y el significado de dicha votación,[12] al seguir la línea de la de independencia del día 10 anterior, y que fue suspendida por el presidente de la Generalidad de Cataluña.[13]
El Tribunal Constitucional suspendió el referéndum[14] al ir en contra de la Constitución española, la cual no permite secesiones de su territorio sin una reforma previa agravada de la misma,[15] y en cuyo caso su discusión competería a toda la ciudadanía española en su conjunto bajo una consulta legal aprobada anteriormente por los estamentos.[16][17][11]
En la votación diversos grupos políticos decidieron no ser partícipes debido a su carácter inconstitucional y por violar claramente la ley, pudiendo ser incluso constitutivo de un delito de rebelión tipificado en el Código Penal,[18][19][20] y fue considerada legítima por parte de los partidos en favor de la independencia o contrarios al Gobierno de España.[21]
Debido a los hechos acontecidos y en favor del cumplimiento de las leyes que rigen cada país no fue reconocida por ninguno de los Estados de la Organización de las Naciones Unidas,[22][23][24] ni de la Unión Europea.
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