El copamiento del cuartel de La Tablada, o combate de la Tablada o la batalla de la Tablada,[1][2][3][4] fue un intento de ocupación de la guarnición del Ejército Argentino ubicada en La Tablada,[nota 1] en la provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989, por un comando del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante la presidencia constitucional de Raúl Alfonsín. El ataque fue rechazado luego de varias horas de combate, resultando muertos 32 guerrilleros, nueve militares y dos policías.[6][7] Cuatro guerrilleros fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.[8]
Según el MTP el ataque fue para detener un golpe de Estado carapintada, en tanto que la conclusión de la investigadora Claudia Hilb, es que la cúpula del MTP pretendía provocar —mediante un fingido ataque carapintada al cuartel— una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas. El investigador Felipe Celesia coincide en que no había tal intento de golpe carapintada y sostiene que el MTP perseguía hacer la revolución según el modelo sandinista, mediante una insurrección popular que generara cambios políticos de fondo.[9]
El presidente Alfonsín sostuvo que fue él quien ordenó la represión,[10] algo que también compartió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al investigar los hechos.[11] Celesia sostiene que durante el primer día, las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que el presidente Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente.[9] La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó por un alto grado de violencia; en 1987 y 1988 Alfonsín había enfrentado sin recurrir a la violencia y negociando con los sublevados, tres insurrecciones militares carapintadas.[12]
El juicio contra los atacantes se realizó en forma sumaria ese año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas «ejemplificadoras», completadas en 1997 con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori.[13] En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo por probado que el Estado argentino fusiló, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso.[14]
Doce años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de La Tablada y presionado por los cuestionamientos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa, conmutó las penas de los condenados.[15] En 2003 el presidente Eduardo Duhalde indultó a los condenados.[16]
La investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del gobierno se ha visto obstaculizada. En diciembre de 2016, el Poder Judicial reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema lo ordenara el año anterior.[17][18] En abril de 2019 comenzó el primer juicio por solo uno de los cuatro desaparecidos, aunque incluye las torturas y el posterior ocultamiento, en el que se vio involucrado Alberto Nisman. En el mismo resultó condenado a cadena perpetua el único acusado por el asesinato y desaparición de José Alejandro Díaz,[19] el exgeneral Alfredo Arrillaga, quien ya se encontraba cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad en la Base Naval de Mar del Plata cometidos durante la última dictadura cívico-militar.[20][21][22][23]
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