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Comité Olímpico Argentino

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El Comité Olímpico Argentino (COA) es la entidad que atiende en el país todo lo relacionado con la aplicación de los principios que conforman la Carta Olímpica,[1]​ conjunto de normas y reglamentaciones del Comité Olímpico Internacional[2]​ que rigen al Movimiento Olímpico en el mundo. Existe desde 31 de diciembre de 1923, y es una entidad civil, autárquica, desvinculada por normas estatutarias de todo tipo de influencia económica, política, religiosa y racial. A pesar de ello fue intervenido en dos oportunidades 1955-1959 y 1976-1983. Durante el mes de octubre de 2018, formó parte de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.[3]​

Extracto del artículo de Wikipedia Comité Olímpico Argentino (Licencia: CC BY-SA 3.0, Autores, Material gráfico).

Comité Olímpico Argentino
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Ministerio Público de la Defensa de Argentina
Ministerio Público de la Defensa de Argentina

El Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina es una institución de defensa y protección de derechos humanos que busca garantizar el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la Ley 27 149 en la Argentina.[2]​ Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. A la institución le corresponde velar por la garantía de la debida defensa en juicio de aquellas personas que acceden al servicio de la defensa pública (si se reúnen los requsitos que exige la ley para su prestación). Se encuentra organizado sobre la base de distintas especializaciones y cumplen diferentes roles tanto en la esfera judicial como en la extrajudicial. Asumen la defensa técnica en un juicio civil o penal; ejercen la tutela de niños y adolescentes huérfanos o en conflicto con sus representantes legales, o la curatela de las personas declaradas judicialmente dementes o inhabilitadas; llevan adelante la representación promiscua prevista en el art. 59 del Código Civil para reasegurar la defensa de los intereses de los aún llamados "menores e incapaces". El gobierno del Ministerio Público de la Defensa se encuentra a cargo desde el año 2005 de la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez.