Corte de Barcelona-Lérida-Barcelona-Tortosa (1364-1365)

La Corte de Barcelona (1454-1458) —también denominada muy frecuentemente Cortes de Barcelona (1454-1458)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por Juan de Navarra como lugarteniente general del rey Alfonso IV el Magnánimo y celebrada en Barcelona entre 1454 y 1458. Fue una Corte muy crispada entre la Corona y la nobleza barcelonesa bigaire que ocupaba los cargos de la Diputación del General. Para entender este posicionamiento de carácter político más que institucional, hay que remontarse al final de la crisis de los remensas en que el rey había posicionado a favor del partido barcelonés de la Busca. Las maniobras reales en el consistorio de Barcelona para favorecer la presencia de este partido en un espacio tradicionalmente ocupado por la oligarquía representada por la Biga, se incrementan mediante la figura del nuevo lugarteniente, Galcerán de Requesens, quien terminará protagonizando una disolución ilegal del Consejo de Ciento para imponer sus candidatos. La propia convocatoria ya fue protestada porque no fue hecha por el rey, ausente en Nápoles desde hacía años, sino por el lugarteniente y hermano del rey, Juan de Navarra, el futuro rey de Aragón. La lista de agravios que habían de ser resueltos por la Corona eran numerosos. Los aplazamientos de las sesiones por tensiones políticas también. Alfonso jugó la carta de su posible regreso y la Corte condicionó el donativo de 400.000 florines a su vuelta, resolución de los agravios y una estancia mínima de cuatro meses. Si se producía una disolución antes de atender a todos los agravios, el acuerdo quedaba sin efecto. El rey no volvió de Nápoles y murió el 27 de junio de 1458.

La Corte de Barcelona (1480-1481) —también denominada muy frecuentemente Cortes de Barcelona (1480-1481)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por el rey Fernando II para ser abierta en Barcelona en 1480, aunque se acabó prorrogando hasta 1481. En esta corte, la primera de Fernando el Católico, se resolvieron muchos temas que quedaban pendientes de después de la guerra civil catalana: la función de la Diputación del General, el régimen pactista y la devolución de bienes. Estos dos últimos puntos se concretaron en el reconocimiento de una derrota compartida por ambos bandos, más orientada hacia la reconstrucción del país que hacia la represión de los vencidos. Se acordó disponer de un crédito de 100 000 libras para que el rey pudiese indemnizar y devolver los bienes arrebatados a sus anteriores propietarios. En cuanto a las funciones que tendría la Diputación del General, se decidió crear una comisión de la cual formó parte Berenguer de Sos, formada por quince participantes por cada brazo. La comisión se reunió el 27 de febrero de 1481 en el Casa de la Diputación. Con todo, no fue posible la reorganización de las instituciones catalanas a causa de los conflictos que el rey Fernando tenía con los turcos en Nápoles y Sicilia. En esta corte se aprobó la constitución Poc valria (Poco valdría), llamada posteriormente Constitución de la Observancia, en la que se recoge la obligación del rey de cumplir y respetar las Constituciones de Cataluña. En ella se encargaba a la Diputación que velase por el cumplimiento de esta norma, y por extensión de las demás leyes generales del Principado, tanto por parte del rey como de sus oficiales, y le autorizaba a acudir a la Real Audiencia solicitando la revocación cualquier orden anticonstitucional. Está considerada como pieza clave del pactismo catalán. Se mantuvo plenamente vigente hasta 1702, cuando fue parcialmente derogada por las tres que en 1702 crearon el Tribunal de Contrafacciones.

La Corte de Barcelona (1358) —también denominada en la historiografía como Cortes de Barcelona (1358)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña en un momento en que sus convocatorias, bajo el reinado de Pedro III, fueron frecuentes coincidiendo con la conocida como guerra de los dos Pedros contra Castilla. En 1358 tuvo como escenario Barcelona. La Corte fue convocada desde Gerona el 7 de agosto de 1358 para el 25 de agost en Barcelona, y la sesión inaugural fue en el Palacio Real el día 30. Las sesiones se trasladaron al convento de Santa Catalina (la sede entonces del Consejo de Ciento) y el solio de clausura fue el 19 de octubre de 1358.

La Corte de Villafranca del Panadés-Barcelona (1367-1368) —también denominada en la historiografía como Cortes de Villafranca del Panadés-Barcelona (1367-1368)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña realizada por el rey Pedro III, abierta en Villafranca del Panadés en 1367 y posteriormente prorrogada en Barcelona también en 1368. La Guerra de los Dos Pedros estaba en una situación de impaso después de una recuperación parcial de los territorios de parte de Aragón que fueron contrarrestados con las victorias del Príncipe negro, aliado de Castilla. En este punto, Pedro I de Castilla pactó una tregua y el rey aragonés decidió prepararse para recuperar los territorios perdidos, una vez acabara la tregua. Pedro el Ceremonioso convocó la Corte para pedir la financiación necesaria. También pidió recursos para la guerra contra los Arborea en Cerdeña, si bien no contaba con el apoyo del brazo militar en esta petición. Se manifestó un descontento por los gastos de los diputados y por cómo se habían portado los condes. La Corte nombró una comisión formada por Ramon Gener, Ramon de Julià y Ramon Sescomes para aclarar la situación y, a pesar de no existir documentación sobre el resultado de esta investigación, parece evidente que las tensiones entre los diputados del General y los representantes de los brazos en la Corte fueron muy importantes, ya que esta corte decidió dejar en suspenso los cargos de diputados del General, nombrando un regente de la Diputación de Cataluña y manteniendo los cargos de auditores. El primer regente fue Pere Vicenç.

La Corte de Barcelona (1413) —también denominada muy frecuentemente como Cortes de Barcelona (1413)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por el rey Fernando I el 19 de noviembre de 1412 desde Tortosa para ser abierta el 15 de diciembre en Barcelona. El solio inaugural se tuvo que prorrogar hasta el 4 de enero de 1413 en la capital del Principado, justo después de ser nombrado rey de Aragón en el Compromiso de Caspe. La convocatoria del rey en el convento de Santa Catalina de Barcelona tenía por objeto jurar las Constituciones de Cataluña, requisito fundamental para ser proclamado como conde de Barcelona. Tras esta proclamación tuvieron lugar las sesiones ordinarias de la Corte. Fueron especialmente duras porque Fernando no estaba acostumbrado al pactismo catalán: fue el primero de los reyes castellanos a inaugurar la tensión de la monarquía con la Corte General de Cataluña, que caracterizaría toda la historia de la Cataluña moderna hasta del siglo XVIII. Acostumbrado al tipo de monarquía autoritaria castellana quería dos cosas: Que los notables allí reunidos perdonaran las elevadas deudas que la monarquía catalana había contraído desde el reinado de Pedro IV el Ceremonioso. Que le concedieran elevados subsidios. Ni siquiera aquellos que durante el interregno le habían apoyado lo secundaron, y el nuevo rey se encontró solo ante la Corte. Un día, un especial enfurecimiento se levantó y, ante el estupor de los asistentes, llamó exasperado que él "había muy bien marcado este reinada, y como él había costado más de mil doblas de oro" haciendo referencia, sin querer, a dinero que se había gastado durante el interregno para ocupar Aragón y Valencia y para asegurarse el resultado del Compromiso. Este autoritarismo, la desconfianza de las cortes generales hacia la nueva dinastía originada ya desde el proceso de acceso al trono y reforzada posteriormente por el enfrentamiento contra la revuelta del conde de Urgel,​ generarán una actitud contractualista de la Corte General con el objetivo de "controlar la Corona". La debilidad inicial de la posición del rey favoreció la adopción de un conjunto de medidas legislativas y de reorganización de la Generalidad: Se acordó que tendría un consistorio formado por tres diputados, tres oidores de cuentas y dos abogados. Diputados y oyentes debían ser residentes en Barcelona durante el mandato. Se estableció el mandato de tres años (trienio) que regulará el ciclo de cortes y renovaciones que hasta ese momento había sido arbitrario. La renovación de los cargos se efectuaría el primero de julio del último año del trienio y el nuevo mandato comenzaría a contar desde el primero de agosto. No se podía ser reeligit el cargo hasta pasado dos trienios. Los diputados tenían que presentar las cuentas al escribano mayor quince días después de finalizar el trienio, para poder ser revisados por los oyentes. Habían de formalizar una memoria con las deudas pendientes a final de mandato. Diputados y oyentes estaban facultados para arrendar la recaudación de las generalidades. Los diputados eran "oficiales principales" de la institución y tenían la representación y la dirección. La designación de los sucesores correspondía a los cesantes (diputados y oyentes por separado) que lo comunicaban al interesado y se mantenía en secreto hasta el 22 de julio. Estos dos últimos puntos eran de importancia capital ya que destacaban la relevancia de una institución dependiente de las cortes generales y descartaba la intervención real en el proceso electoral, pero también fue este un tema que durante la Corte de Barcelona de 1431 tendría cambios debido a los abusos endogámicos de los apellidos de los diputados. En otro orden, también con un gran impacto en lo que significará la consolidación institucional, se acordó: Empezar a registrar la información referida a la actividad institucional y los diputados al Dietario de la Generalidad. Ordenó la recopilación, en latín y en catalán, del Usatges y las Constituciones catalanas, que debían estar depositadas en la sede de la Diputación para ser consultados públicamente. De una gran trascendencia es la atribución a la Diputación de velar por el cumplimiento de las leyes incluso frente al rey y de sus oficiales. Fruto del punto precedente, se produjo una reorganización de la Real Audiencia. Por otra parte, se aprovecha para conseguir el apoyo real en la presión a los remensas, que acabaría con una revuelta 3 décadas más tarde. La constitución era claramente antiremensa, al permitir al señor poder hacer echar de Paz y Tregua al campesino que abandonara el cortijo ya que aquellos que, después de cambiar de domicilio, pretendían mantener sus derechos sobre las tierras y amenazaban los señores y los nuevos cultivadores (en referencia a los que ocupaban y explotaban con terceros los caseríos destartalados). En la sesión del 23 de agosto de 1413 la Corte eligió los nuevos diputados del General para el trienio 1413-1416. Marc de Vilalba fue el nuevo diputado eclesiástico de la Generalidad.

La Corte de Barcelona (1436-1437) —también denominada muy frecuentemente como Cortes de Barcelona (1436-1437)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por la reina María como lugarteniente general del rey Alfonso IV el Magnánimo. Se celebró en Barcelona entre mayo de 1436 y 1437. Aunque la anterior Corte de Monzón (1435-1436) se había clausurado recientemente, ésta es continuista respecto a la financiación de las campañas mediterráneas del rey Alfonso el Magnánimo. Se sufragó un grupo de galeras que zarpó de Barcelona a finales de agosto de 1436. Los diputados recibieron el privilegio de ir acompañados por maceros a sus desplazamientos. El 8 de agosto de 1437 se eligieron nuevos diputados y oidores de cuentas del General, recayendo en Pedro de Darnius el cargo de diputado eclesiástico de la Diputación del General.

La Corte de Barcelona (1519-1520) —también denominada muy frecuentemente Cortes de Barcelona (1519-1520)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña presidida por el rey Carlos I en Barcelona en 1519-1520. La convocatoria fue polémica. En Lérida, Carlos juró las constituciones catalanas el 28 de enero de 1519, y entró en Barcelona el 15 de febrero, inaugurándose la Corte al día siguiente. Pero como la primera jura había sido objetada por los diputados del General de Cataluña y por los síndicos de la ciudad de Barcelona, Carlos se avino a realizar un nuevo juramento el 16 de abril de 1519 en el que se incluía con su madre Juana la Loca, y convocar la Corte nuevamente para el 12 de mayo de 1519. El 11 de agosto de 1519 se estudió la contabilidad de la Diputación y se detectaron irregularidades por lo que respecta a las deudas de los oficiales con la institución, ni se cumplía el reglamento aprobado en la Corte de Monzón de 1512. Se aprobaron treinta y cuatro constituciones, la mayoría relativas a legislación jurídica y de funcionamiento de las instituciones de justicia, y diecinueve capítulos de corte que versaban sobre una excepción de impuestos para Nápoles. Se reiteró el libre comercio con Orán, Argelia y otros estados en manos de los turcos. Algunas medidas proteccionistas con la prohibición de sacar animales de Calatuña, Rosellón y Cerdaña o que solo los vasallos de la corona podían fletar con sal, esparto, lana y trigo.​ En total, una serie de cambios internos en la Diputación del General con tal de tener más control económico, entre los que destacan la obligatoriedad de asistir a su oficina todos los días laborales y que los oyedores tenían la obligación de auditar todas las cuentas y pedirlas a los diputados salietnes, durante el primer año de cada nuevo trienio. La Corte concluyó el 23 de enero de 1520.

La Corte de Barcelona (1372-1373) —también denominada en historiografía como Cortes de Barcelona (1372-1373)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por el rey Pedro III. Fue abierta en Barcelona en 1372, siendo prorrogada hasta 1373, durante el período de regencia de la Diputación del General. El donativo que se aportó al rey para luchar en la revuelta de Cerdeña, esta vez tendría como garantía las décimas que el Papa había donado al rey. El importe fue de 30.000 florines a los que hay que sumar otros 10 000 que se dejaron para armar seis galeras para proteger la costa catalana. El regente, Bernat Bussot, se tuvo que enfrentar a la negativa de los andorranos a pagar las generalidades, aludiendo que tenían privilegios reales. Se decidió darles el mismo tratamiento que a aragoneses y valencianos que hacían comercio, cobrando sólo el impuesto de entradas y salidas. También se decidió disponer guardias a los puertos de los Pirineos para evitar que los andorranos entrasen mercancías sin pagar.

La Corte de Barcelona (1599) —también denominada muy frecuentemente como Cortes de Barcelona (1599)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña presidida por el rey Felipe II (III de Castilla) en Barcelona en 1599. Era la primera corte general de Felipe II y estaba precedida por los incidentes de los años de 1590, en tiempos de Felipe I, en que los enfrentamientos entre la Diputación del General y el lugarteniente general Pere Lluís Galceran de Borja i de Castre-Pinós acabaron con la persecución y el exilio del diputado militar Joan Granollacs i Pons, con una práctica suspensión de la Constitución de la Observancia y con una intervención real del proceso de insaculación. El nuevo rey fue a Barcelona con la intención de mejorar las relaciones, pero aparecieron puntos históricamente conflictivos sobre los que no se llegó a ningún acuerdo y finalmente la Corte se cerró en falso. Así pues, mientras que el rey aceptó la regulación de la Inquisición (reclamación de más de un siglo) y la concesión de galeras para defender la costa, no hubo acuerdo en subir el salario a los jueces de la Real Audiencia, ni sobre el derecho de los caballeros a llevar armas.​

La Corte de Barcelona (1431-1434) —también denominada muy frecuentemente como Cortes de Barcelona (1431-1434)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por el rey Alfonso IV el Magnánimo y celebrada en Barcelona entre 1431 y 1434, si bien fue presidida por la reina María de Castilla como lugarteniente general, al marchar el rey a Nápoles a partir del 29 de mayo de 1432. El sistema de gestión interna implantado en la Diputación del General desde la Corte de Barcelona de 1413, la primera del rey Fernando I, permitía evitar la intromisión real en las votaciones de los diputados. Pero no evitaba que los abusos vinieran de los mismos oficiales de la institución. Se solucionó este problema mediante una reforma a fondo, que fue el hecho político más destacado de esta corte. La iniciativa fue presentada el 10 de septiembre de 1431 por los diputados que habían sido nombrados hacía solo dos meses: Marc de Vilalba, Bernat Galceran II de Pinós-Fenollet y Francesc Desplà. Expusieron la situación y pidieron las siguientes acciones: La posibilidad de vender algunas prendas procedentes de deudas con la Diputación. La custodia de los esclavos que se les encomendaban. Una reforma del sistema de gestión de las generalidades. Para atender estas peticiones la Corte nombra una comisión de tres personas por brazo con poderes plenos para examinar, analizar la situación de la Generalidad y proponer soluciones. Entre los miembros de la comisión constituida el 10 de noviembre de 1431 figuraban Pedro de Palou y Joan Fiveller. Las conclusiones centran el problema en el cobro defectuoso de las generalidades y la comisión emite, a finales de febrero de 1432, las Ordinacions de la comissió del nou per a la reforma de General, que no son aceptadas por los diputados y llevan a un nuevo redactado, publicado en 1433. El contenido de estas ordinacions, recogía algunos aspectos de funcionamiento que hoy todavía forman parte del ordenamiento jurídico de las administraciones públicas: Obligatoriedad de dar publicidad de las subastas y arrendamientos de las generalidades para que pudieran participar los de fuera de Barcelona. Los interventores, tratador y mediadores en el arrendamiento debían ser empleados públicos del General. Los arrendadores de derechos debían presentar avales y no debían tener deudas anteriores pendientes. El escribano mayor tenía que tomar nota del proceso de arrendamiento en el Llibre Blau (Libro Azul), un registro especial para el caso. También recogía temas de orden normativo interno: Revisión salarial de los diputados: 16 sueldos y 6 dineros de Barcelona por día de trabajo. Horario laboral, con la obligatoriedad de presentarse diariamente en la Casa de la Diputación, salvo los festivos y por enfermedad. Incompatibilidad en ocupar cargos a personas con deudas. Limitación para repetir como diputado y oyente hasta pasados cuatro y tres trienios, respectivamente. En julio de 1434 se eligieron nuevos diputados y oidores, recayendo en Pedro de Palou el cargo de diputado eclesiástico.

La Corte de Barcelona (1377-1378) —también denominada en historiografía como Cortes de Barcelona (1377-1378)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por el rey Pedro III para ser abierta en Barcelona en 1377, celebrándose entre 1377 y 1378. En esta corte se puso en cuestión la actuación de los diputados del General, especialmente de Guillem de Guimerà i d'Abella, a quien se acusó de irregularidades económicas en beneficio propio y de la Orden del Hospital, de la que era gran Prior. A pesar de algunos encargos que eran de la Corte General para participar en comisiones de trabajo y de representación ante el rey, en la sesión del 28 de agosto de 1377, Juan I de Ampurias presentó una propuesta de revocación general de oficios de la Generalidad, desde los diputados y consejeros hasta los oyentes, porteros y escribanos, a excepción de Hug de Santapau, oyedor militar. Esta propuesta, aprobada con muchos diputados absentos, llegó al rey, que la revocó por defecto de forma y de quórum. A pesar de salvar los cargos de los diputados, estos renunciaron por una cuestión de honor. A Guillem de Guimerà, en reconocimiento de esta injusticia, se le concedió el privilegio de escoger el nuevo representante del brazo eclesiástico, hecho que recayó en Galceran de Besora i de Cartellà, nombrado nuevo diputado eclesiástico en la sesión del 16 de octubre de 1377. Con todo, la humillación que le representó y la incomprensión de la clase dirigente le hizo dejar la política y dedicarse a las actividades en el gran priorado de Cataluña. Sin embargo, la crisis no se consideraba acabada y la corte, al final de su funcionamiento en agosto de 1378, decidió nombrar una comisión reorganizadora para redirigir la institución. Formada por nuevas personas con poderes absolutos tenía tiempo hasta septiembre de 1378 para emitir una propuesta. La comisión acabó recomendando la destitución de los diputados acabados de nombrar justo un año antes y volverlos a nombrar con una retribución inferior. Los miembros de la efímera diputación protestaron y, finalmente, fueron destituidos y se ocuparon de asuntos de defensa marítima contra el duque Luis I de Anjou que amenazaba las costas valencianas. Ramon Gener, que formaba parte de la mencionada comisión, fue elegido nuevo diputado eclesiástico el 7 de enero de 1379, pero no tendría todos los poderes hasta que el rey ratificó el nombramiento el 10 de marzo de 1379. En estos dos meses, los oidores de cuentas no reconocieron la decisión de la comisión y se negaron a jurar los sellos y los libros de cuentas a los nuevos diputados. La Corte también decidió otorgar un complemento de 110.000 libras al donativo otorgado en Monzón; 30.000 para fogaje, 50.000 para venta de censales de la Generalidad y 30.000 más del fogaje, pero solo si el conde de Anjou atacaba Cataluña, cosa que no sucedió.

La Corte de Perpiñán-San Cugat del Vallés-Barcelona (1406-1410) —también denominada en la historiografía como Cortes de Perpiñán-San Cugat del Vallés-Barcelona (1406-1410)—​ fue una convocatoria de la Corte General del Principado de Cataluña por el rey Martín I desde Barcelona en 1405 y abierta en Perpiñán en 1406. Fue sucesivamente prorrogada a San Cugat del Vallés y Barcelona, donde se disolvió en 1410 a raíz de su muerte. Fue la única celebrada durante el reinado del rey Martín, que murió en 1410. Se estableció la obligación de que los oficiales superiores de justicia de la Real Audiencia, tendrían que aplicar el Derecho catalán, compuesto por los Usatges de Barcelona, las Constituciones y Capítulos de Corte, el derecho local y consuetudinario de las localidades, el Derecho común, la equidad y la buena razón, y se prohibía la aplicación de dispociciones del rey irregulares al Derecho.