La toma de la residencia del embajador japonés en Lima fue un secuestro masivo ocurrido el 17 de diciembre de 1996, en el distrito de San Isidro, en la ciudad de Lima, capital del Perú. Ocurrió cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios, que asistían a una celebración con ocasión del 63.er aniversario del nacimiento del emperador de Japón Akihito, organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki.[2]
Gran parte de los 800 rehenes fue liberada rápidamente. Todas las mujeres fueron puestas en libertad la misma noche del 17 de diciembre, incluyendo la madre del presidente Alberto Fujimori que se encontraba en el evento, hecho que pasó desapercibido para los secuestradores. Tras ser retenidos como rehenes durante 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaban fueron liberados el 22 de abril de 1997, en una incursión armada de las Fuerzas Armadas de Perú, conformada por el Comando Chavín de Huántar. El operativo dejó como resultado la muerte de un rehén, dos comandos y los catorce militantes del MRTA que participaron de la toma. La operación fue percibida como un gran éxito y obtuvo atención mediática en todo el mundo.
Inicialmente, Alberto Fujimori, entonces presidente del Perú, recibió gran crédito por salvar la vida de los rehenes. Sin embargo, desde entonces, han aparecido informes que sugieren que cierto número de terroristas habían sido ejecutados sumariamente después de haberse rendido.[3]Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, del 10 de junio de 1997, notificó que Alberto Fujimori dio “la orden de no capturar a ningún emerretista con vida”.[4] Estos descubrimientos han sido seguidos por demandas civiles contra oficiales militares por parte de los familiares de los terroristas fallecidos. En 2005, la oficina del Fiscal General de la Nación en Perú imputó los cargos y ordenó el comienzo de las audiencias.[5] El 17 de abril de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a la República del Perú por la violación del derecho a la vida.[6]
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