El accidente del pabellón Madrid Arena fue un suceso acontecido la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en el que fallecieron cinco chicas durante una macrofiesta de Halloween protagonizada por el DJ Steve Aoki. Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban, todas de 18 años, fallecieron esa misma noche en el recinto, mientras que la menor Belén Langdon de 17 años y María Teresa Alonso de 20 años lo hicieron en el hospital una y cuatro semanas más tarde respectivamente.[1]
A raíz de este suceso salieron a la luz múltiples irregularidades entre la empresa promotora de la macrofiesta Diviertt y el Ayuntamiento de Madrid (gobernado aquel entonces por el Partido Popular con Ana Botella de alcaldesa), si bien la causa fundamental de la tragedia fue el exceso de aforo y la apertura de un portón de carga que, al ser utilizado súbitamente por miles de jóvenes ante la actuación de Aoki, saturó la pista central y sus pasillos de evacuación, provocando en uno de ellos la avalancha humana que, poco antes de las 4 de la mañana, terminaría con la vida de las cinco jóvenes.
El principal acusado por el caso es Miguel Ángel Flores, empresario de eventos y dueño de la empresa Diviertt, promotora de la macrofiesta; si bien también se le achaca una gran responsabilidad a la empresa Seguriber que, contratada por el ayuntamiento, gestionaba esa noche la seguridad del recinto. En los alrededores del Madrid Arena hubo también un enorme macrobotellón que no fue controlado por la policía municipal. Los servicios sanitarios en el pabellón era prácticamente inexistentes.
Cuando la instrucción del caso afrontaba su fase final, el número de imputados era de 24, entre los que se encuentran varios responsables políticos del ayuntamiento de Madrid, como los concejales Antonio de Guindos y Fátima Núñez y el inspector jefe de la policía municipal, Emilio Monteagudo. A pesar de lo publicado en las primeras semanas, el concejal Pedro Calvo, máximo responsable del recinto municipal como delegado del área de economía, no fue imputado, pero sí fue la primera víctima política del caso al presentar su dimisión como miembro del Gobierno municipal, si bien mantuvo su acta de concejal del PP. También dimitieron el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, entre sospechas de favoritismo a Flores, y el propio De Guindos. Ambos dejaron definitivamente el ayuntamiento de Madrid. Fátima Núñez dejó toda responsabilidad sobre la Policía Municipal y fue nombrada concejal presidente del distrito de Carabanchel.
El ayuntamiento de Madrid celebró una comisión de investigación sobre el caso cuyas conclusiones fueron aprobadas con el voto en solitario del PP, y los noes de PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Previamente, Izquierda Unida decidió no participar en esa comisión. El Partido Popular vetó la comparecencia de la alcaldesa en la investigación interna, así como la comparecencia de varios técnicos y funcionarios municipales solicitada por PSOE y UPyD.[2]
La alcaldesa Ana Botella también contrató a un bufete de abogados privado para personarse en la acusación particular del caso, a pesar de contar con la asesoría jurídica propia del ayuntamiento.[3]
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