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Parque de La Muralla

Parques de Lima
Parque muralla
Parque muralla

El parque de La Muralla es un parque público ubicado en el distrito de cercado en la ciudad de Lima capital de Perú. Dentro de su extensión se encuentra parte de la muralla de Lima. El parque está ubicado entre el río Rímac y el centro histórico de Lima.[1]​

Extracto del artículo de Wikipedia Parque de La Muralla (Licencia: CC BY-SA 3.0, Autores, Material gráfico).

Parque de La Muralla
Avenida 9 de Octubre, Lima Metropolitana Rímac

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Coordenadas geográficas (GPS)

Latitud Longitud
N -12.044582 ° E -77.026443 °
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Dirección

Centro Histórico de Lima

Avenida 9 de Octubre
15093 Lima Metropolitana, Rímac
Lima, Perú
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Página web
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Parque muralla
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Lugares cercanos

Masacre de Barrios Altos
Masacre de Barrios Altos

La masacre de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, una zona popular del cercado de Lima en Perú. Quince personas fueron asesinadas (incluyendo un niño de 8 años) y otras cuatro más fueron heridas por atacantes que, posteriormente, fueron identificados como elementos del Grupo Colina, un destacamento militar formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú con el objetivo de eliminar extrajudicialmente personas presuntamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta masacre es considerada como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el primer gobierno de Alberto Fujimori y fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición del exmandatario presentada a Japón en 2003. El hecho perpetrado en Barrios Altos fue realizado por órdenes directas de Vladimiro Montesinos por encargo del presidente Fujimori, quien en el año 2000 y ante la posibilidad que fuera juzgado por hechos comprobados de corrupción y genocidio, huyó del Perú hacia Japón, renunciando vía fax ante el Congreso peruano, sin plan de retorno. En 2007, tras ser extraditado de Chile, Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre y por considerarse estos asesinatos selectivos como crímenes de lesa humanidad.[1]​ La Corte Suprema de Justicia determinó que ninguna de las víctimas tenía vínculos con algún grupo subversivo.[2]​