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Bosque Metropolitano

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El Bosque Metropolitano será un parque de tipo cinturón verde que creará el Ayuntamiento de Madrid y ocupará todo el perímetro de la ciudad de Madrid.[1]​ Contará con una longitud de 75 km, una superficie de 35 000 hectáreas, y con 1 000 000 árboles, aproximadamente.[2]​ Dentro de las zonas de actuación se plantaran árboles autóctonos[3]​ que se adaptan a las condiciones del municipio. Además constará de zonas infantiles, senderos de paseo, zonas deportivas y ecoductos o puentes verdes, que permitan salvar las principales infraestructuras viarias y ferroviarias en determinados puntos y contribuyan al acceso de persona y fauna.[4]​ La construcción del parque comenzará en el cerro Almodóvar, en el distrito de Villa de Vallecas.[5]​[6]​

Extracto del artículo de Wikipedia Bosque Metropolitano (Licencia: CC BY-SA 3.0, Autores, Material gráfico).

Bosque Metropolitano
Camino del Teleférico, Madrid

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28011 Madrid (Moncloa-Aravaca)
Comunidad de Madrid, España
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Lugares cercanos

Casa de Campo
Casa de Campo

La Casa de Campo es un área forestal declarada Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico y se encuentra ubicado en Madrid, capital de España. Es el mayor parque público del municipio. Situado al oeste de la ciudad, pertenece al barrio administrativo de la Casa de Campo, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Limita al sur con el distrito de Latina y al oeste con el término municipal de Pozuelo de Alarcón. El parque está prácticamente anexo al monte de El Pardo y tiene una extensión de 1722,6 hectáreas, incluyendo los terrenos del Club de Campo Villa de Madrid, que es parte de su superficie. Duplica la extensión del Bosque de Chapultepec, en México, del Bosque de Bolonia, en París, y casi también la del Parque Forestal de Monsanto, en Lisboa. Es cinco veces más grande que el Central Park de Nueva York y 6,5 veces más grande que el Hyde Park de Londres. Surge a partir de una casa de campo de origen renacentista, de la que toma su nombre, que fue propiedad histórica de la Corona Española y coto de caza de la realeza. Tras la proclamación de la Segunda República, fue cedido por el Estado al pueblo de Madrid el día 5 de mayo de 1931, estando desde entonces abierto al público. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en 2010.[1]​ La normativa del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, de 1997, lo cataloga como parque histórico, junto con el parque del Retiro, el parque del Oeste, la Quinta de la Fuente del Berro, el parque de El Capricho, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Vista Alegre, el Campo del Moro y el Real Jardín Botánico.[2]​ En su interior se encuentran diversas instalaciones, como el Parque de Atracciones, el zoológico, el teleférico (que conecta la Casa de Campo con el parque del Oeste, al otro lado del río Manzanares), parte de los recintos feriales de IFEMA, el pabellón multiusos Madrid Arena, la Venta de El Batán (lugar tradicional de exhibición de los toros en los días previos a su lidia en la plaza de Las Ventas) ahora prohibida por la Comunidad Europea. Cuenta con diferentes espacios deportivos.

Accidente del Madrid Arena de 2012

El accidente del pabellón Madrid Arena fue un suceso acontecido la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, en el que fallecieron cinco chicas durante una macrofiesta de Halloween protagonizada por el DJ Steve Aoki. Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban, todas de 18 años, fallecieron esa misma noche en el recinto, mientras que la menor Belén Langdon de 17 años y María Teresa Alonso de 20 años lo hicieron en el hospital una y cuatro semanas más tarde respectivamente.[1]​ A raíz de este suceso salieron a la luz múltiples irregularidades entre la empresa promotora de la macrofiesta Diviertt y el Ayuntamiento de Madrid (gobernado aquel entonces por el Partido Popular con Ana Botella de alcaldesa), si bien la causa fundamental de la tragedia fue el exceso de aforo y la apertura de un portón de carga que, al ser utilizado súbitamente por miles de jóvenes ante la actuación de Aoki, saturó la pista central y sus pasillos de evacuación, provocando en uno de ellos la avalancha humana que, poco antes de las 4 de la mañana, terminaría con la vida de las cinco jóvenes. El principal acusado por el caso es Miguel Ángel Flores, empresario de eventos y dueño de la empresa Diviertt, promotora de la macrofiesta; si bien también se le achaca una gran responsabilidad a la empresa Seguriber que, contratada por el ayuntamiento, gestionaba esa noche la seguridad del recinto. En los alrededores del Madrid Arena hubo también un enorme macrobotellón que no fue controlado por la policía municipal. Los servicios sanitarios en el pabellón era prácticamente inexistentes. Cuando la instrucción del caso afrontaba su fase final, el número de imputados era de 24, entre los que se encuentran varios responsables políticos del ayuntamiento de Madrid, como los concejales Antonio de Guindos y Fátima Núñez y el inspector jefe de la policía municipal, Emilio Monteagudo. A pesar de lo publicado en las primeras semanas, el concejal Pedro Calvo, máximo responsable del recinto municipal como delegado del área de economía, no fue imputado, pero sí fue la primera víctima política del caso al presentar su dimisión como miembro del Gobierno municipal, si bien mantuvo su acta de concejal del PP. También dimitieron el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, entre sospechas de favoritismo a Flores, y el propio De Guindos. Ambos dejaron definitivamente el ayuntamiento de Madrid. Fátima Núñez dejó toda responsabilidad sobre la Policía Municipal y fue nombrada concejal presidente del distrito de Carabanchel. El ayuntamiento de Madrid celebró una comisión de investigación sobre el caso cuyas conclusiones fueron aprobadas con el voto en solitario del PP, y los noes de PSOE, Izquierda Unida y UPyD. Previamente, Izquierda Unida decidió no participar en esa comisión. El Partido Popular vetó la comparecencia de la alcaldesa en la investigación interna, así como la comparecencia de varios técnicos y funcionarios municipales solicitada por PSOE y UPyD.[2]​ La alcaldesa Ana Botella también contrató a un bufete de abogados privado para personarse en la acusación particular del caso, a pesar de contar con la asesoría jurídica propia del ayuntamiento.[3]​