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Pantano de Foix

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Pantano de foix
Pantano de foix

El embalse de Foix es una infraestructura hidroeléctrica española construida sobre el río Foix, un corto río de tan solo 41 km de longitud que nace en la Sierra de la Llacuna, situada en la comarca de Noya. Esta presa se encuentra ubicada exactamente en el municipio de Castellet y Gornal, en la comarca del Alto Panadés, limitando con la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona, Cataluña. Ocupa 66 hectáreas, a las cuales hay que sumarle el espacio fluvial que incorpora este embalse, resultando un total de 79 hectáreas.[1]​ Se construyó con la finalidad principal de regar los campos dedicados a la labor agrícola, al ser una de las pocas zonas húmedas existentes. Sus aguas no son aptas para el consumo humano dado que proceden de la depuradora de Villafranca del Panadés.[2]​ De unos años a esta parte, el río Foix baja mucho más limpio; además, el nivel de las aguas del embalse se ha mantenido alto, lo que ha permitido el crecimiento de vegetación típica de zona húmeda y de ribera (boga, cañizo, álamos, etc) y de forma muy progresiva se ha ido estableciendo como reserva ecológica sirviendo de refugio y sustento a una fauna muy variada.

Extracto del artículo de Wikipedia Pantano de Foix (Licencia: CC BY-SA 3.0, Autores, Material gráfico).

Pantano de Foix
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Pantano de foix
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Lignum vitae de l'Arboç
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Crimen de la Guardia Urbana
Crimen de la Guardia Urbana

El crimen de la Guardia Urbana es el nombre con el que se conoce el asesinato de Pedro Rodríguez, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona de 38 años cuyo cadáver carbonizado fue encontrado el 4 de mayo de 2017 en un coche calcinado cerca del pantano de Foix. El juicio con jurado popular arrancó el 3 de febrero de 2020. La pareja de la víctima, Rosa María Peral Viñuela (Badalona, 24 de octubre de 1983), y su amante, Albert López Ferrer (Badalona, 20 de junio de 1981),[1]​ ambos también agentes de la Guardia Urbana barcelonesa, estaban acusados de haber matado en casa a Rodríguez la madrugada del 1 de mayo de 2017 y de, al día siguiente, haber escondido el cadáver en el maletero de su coche y haberlo llevado hasta el pantano de Foix, donde lo habían quemado. Los tres miembros del triángulo amoroso habían protagonizado los principales escándalos del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona en los meses anteriores al crimen, puesto que Peral había denunciado haber sido víctima de un caso de pornovenganza por parte de un subinspector del cuerpo que fue procesado por la supuesta difusión de una foto íntima de la agente y que acabó siendo absuelto en enero de 2018 por el Juzgado de lo Penal 17 de Barcelona.[2]​ Asimismo, López había participado, en 2014, en la detención en Montjuic de un hombre que acabó muriendo en el proceso. Finalmente, en el momento de los hechos, la víctima estaba suspendida de empleo por haber agredido a un motorista en la carretera de la Rabassada.[3]​ En el juicio, los dos acusados se acusaron mutuamente. Peral acusaba a López de haber matado a su novio por celos. López acusaba a Peral de haberlo matado porque la había agredido y, posteriormente, pedirle ayuda para deshacerse del cadáver. La fiscalía apuntaba a que los dos asesinaron a Rodríguez a través de un plan premeditado. Ambos habían sido novios y pretendían retomar la relación deshaciéndose de la pareja actual de ella. Se solicitaron 20 años de cárcel para López y 25 para Peral por asesinato con alevosía y, en el caso de ella, con el agravante de parentesco.[4]​ A finales de marzo de 2020, tras seis días de deliberaciones, ocho de los diez miembros del jurado popular consideraron a Peral culpable, y siete de los diez miembros a López, del asesinato con alevosía de Pedro Rodríguez.[5]​ Peral y López fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel respectivamente. Además, ambos condenados debían indemnizar a la familia de la víctima con 880 000 euros.[6]​ De todo este dinero, Rosa Peral ha pagado 1.655 euros, mientras que Albert Lopez ha pagado 20 euros. [7]​Aunque el delito es el mismo para ambos acusados, a la causa de Peral se añaden cinco años más por el agravante de parentesco.[8]​ Los condenados recurrieron la sentencia sin éxito: tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo la ratificaron.[9]​